Uno se debe a su público: hace dos semanas, los atentos colaboradores de la página web del diario no hicieron otra cosa que recriminarme no tomar posición sobre la Ley de Servicios Audiovisuales, esa que la derecha argentina insiste en llamar “ley de control de medios”. No la había leído aún –son 150 páginas, tampoco es un folletito– y no quería parecerme a la mayoría de los que opinan, incluidos algunos legisladores y buena parte de los medios de comunicación: a todos ellos/as parece haberles faltado un buen tiempo de lectura. O un poco de honestidad intelectual, digamos.
Por mi parte, me dediqué estas semanas a leerla y a seguir el debate. Acuerdo con la ley, un poco más con las modificaciones que le hicieron en Diputados, espero que aún más con alguna modificación en el Senado. No es la mejor ley posible, pero, ¿cuál es la mejor ley posible, en esta Argentina y con el peronismo como gobernante? Por lo menos, rompe con los monopolios y con la hiperconcentración, federaliza un poco el espectro, amplía las posibilidades para que aparezcan otras voces, democratiza los órganos de aplicación. En este punto es donde pensaría las modificaciones más radicales: introducir la figura del concurso con supervisión académica, por ejemplo, esos concursos que un tipo como Mariotto jamás ganaría, pero la diputada Giúdici o Julio Bárbaro tampoco.
En este tipo de reformas, los organismos de aplicación, regulación y supervisión son claves: vean si no lo que ocurrió con la inutilidad de los que debían supervisar los servicios públicos. A pesar de muchas debilidades, las universidades públicas siguen siendo un lugar fantástico desde donde ejercer esas supervisiones: propongo pensar con más énfasis su rol como autoridad de aplicación. Quizá de esa manera se podría conseguir algo parecido a un Comfer que sirva para algo: lo que es éste, hay que disolverlo con premura. Para desdicha de los que anuncian el apocalipsis y la censura, el Comfer censor fue el de la presidencia De la Rúa, que en 2001 prohibió la difusión pública de ciertas canciones de cumbia villera. Pasamos del Comfer censor de los radicales al inútil de los peronistas: Tinelli aún espera su condigno castigo.
La clave de la ley es desmontar la hipótesis de que la comunicación y la cultura pueden ser espacios desregulados. Los que saben de esto, los especialistas en economía política de la comunicación, vienen señalando hace años que, en realidad, las políticas de medios de los noventa no desregularon, sino que re-regularon a favor de la concentración y los monopolios, además de incidir de manera desvergonzada a favor de esos mismos actores, por ejemplo, cuando Menem le cedió a Radio 10 la frecuencia de Radio Ciudad. No hay tal desregulación: la economía y la sociedad argentina se regularon a favor de los grupos de poder, con el aplauso entusiasta tanto de peronistas –que siguen aplaudiendo– como de radicales –que hoy se hacen las vírgenes suicidas–. Y lo que se jugaba y juega en estos ámbitos es crucial para el devenir de una comunidad: es nada más y nada menos que los espacios donde se construye y pone en circulación la mayor cantidad de bienes simbólicos. Identidades, memorias, expectativas, deseos –no pienso usar la palabra relato, devaluada por nuestra Presidenta–: y fíjense que los pongo en plural, porque además no se trata de una única versión del asunto, sino de su pluralidad –si el concepto de una identidad nacional me une con Macri, Aguinis, Moyano y Tinelli, prefiero volverme brasileño.
Por supuesto que todo esto no significa entregarse a los cantos de sirena kirchneristas. Como dijo Beatriz Sarlo en La Nación hace dos semanas, el Gobierno se mueve por impulsos y calenturas, fuera de todo plan y de todo programa. Entonces, una buena ley, más justa, no vuelve a este gobierno ni mejor ni más justo. Pero eso no puede llevarnos a criticar una ley porque anuncia una limitación a ciertas libertades: eso es una falacia insostenible, que sin embargo muchos sostienen y más creen. La libertad de expresión es una conquista democrática de quienes la ejercen, y de ninguna manera una concesión de las empresas periodísticas, que suelen trastabillar cuando las voces que reclaman no coinciden con sus intereses económicos desvergonzados. Hace pocos días, cuatro líderes piqueteros debieron recordarle a Tenembaum que si no hubieran cortado las calles, nadie los hubiera invitado a la tele –al cable, no a Telenoche.
Nadie puede afirmar seriamente que esta ley limite posibilidades de expresión. Los límites siguen estando en otro lado: en la economía y en la desigualdad, que tan poco hacemos por reducir. Esta ley se ocupa de ampliar algunas posibilidades para que las voces circulen: pero el problema seguirá siendo quién puede tomar la palabra –que no es lo mismo ni es igual.
Por Pablo Alabarces
martes, 29 de septiembre de 2009
lunes, 28 de septiembre de 2009
Ahora dicen que pueden desaparecer
Hay una escena en Blazing Saddles de Mel Brooks, en la que el comisario negro, para zafar del linchamiento de la horda blanca, hace una jugarreta a lo Bugs Bunny: se toma del cuello como si un villano lo estrangulara, se pone una pistola imaginaria en la sien, retrocede unos pocos pasos dramáticos tratando de zafar de su captor inexistente. Se muestra absolutamente indefenso, a punto de ser matado de un modo miserable. A ese estilo de Pato Lucas, lastimeramente diciendo adiós mundo cruel, me hizo recordar la campaña “TN puede desaparecer”.
A esa vuelta del círculo hemos llegado en el debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y mientras rueda la bola en el Senado, tengo ganas de retomar la discusión en el punto en que la dejó Reynaldo Sietecase en este diario cuando les pidió a ciertos políticos –lo pongo en mis palabras– que no finjan que cuidan nuestras libertades, las de los periodistas. Permitan que sume a los empresarios de medios.
Para empezar: esto no se trata del pequeño dramete de trece periodistas del cable y su elenco fijo de 37 políticos entrenados como perros para salivar en pantalla. Esto no es un tema de coyuntura para la sección Política. Esto no tiene que ver con el derecho a la información entendido como espectáculo o entretenimiento. El derecho a recibir y producir toda la comunicación y la cultura que necesitemos es un asunto que corresponde no sólo a los periodistas, sino que pertenece minuciosamente a cada uno de nosotros, y no como receptores tontitos esperando maná de la heroica raza de los periodistas, de esa “prensa” (dicen “prensa”, no dicen holdings) que lejos de la sinonimia con la transparencia republicana es baluarte de la opacidad de los poderes económicos, incluyendo las peores transacciones con la política y el Estado.
Para esta discusión, el pobre y muy manoseado concepto de “libertad de prensa” atrasa 200 años, por mucho amor, respeto y cariño que les pongamos a Mariano Moreno y la Revolución Francesa. Para esta discusión, no alcanza con enojarse con Ernesto Tenembaum “que defiende a Clarín” o con Víctor Hugo “que apoya al Gobierno”. Esto, con suerte y viento a favor, debería ir mucho más allá del estrecho presente histórico, del gobierno que nos toque deplorar o apoyar.
Esto tiene que ver con el mapa de las culturas que forjamos en tiempos largos. Casi el 70% de los programas de aire que circulan en toda la Argentina no son más que retransmisiones de lo que mandan los canales porteños. El 83% de esa producción corresponde a lo que emiten apenas dos canales de Buenos Aires: Telefe y Canal 13. Los datos corresponden a un seguimiento que viene haciendo regularmente el Comfer y reproducen viejos trabajos pioneros sobre porteñocentrismo hechos por dos de los mejores estudiosos de la comunicación masiva en la Argentina: Aníbal Ford y Margarita Graziano, ambos formadores de generaciones.
Otros dos de los mejores comunicólogos contemporáneos, Martín Becerra y Guillermo Mastrini, acaban de publicar un libro auspiciado por una institución de periodistas peruanos liberal-progres, Los dueños de la palabra, que dice que hacia 2004 sólo cuatro operadores de las industrias infocomunicacionales argentinas concentraban el 84% de la facturación y el 83% del dominio del mercado.
Va de nuevo: ésta debería ser una discusión estratégica sobre un problema de las sociedades contemporáneas de todo el mundo y de la sociedad global y de nuestro lugar en el mundo, un problema civilizatorio hoy y a futuro.
Esto tiene que ver –lo dice el primero de los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia– con el derecho humano de buscar, investigar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas. Pero también tiene que ver con los impactos tecnológicos. Con el desarrollo económico. Con la integración territorial, social y cultural. Con un sentido extenso de cultura que incluye modos de vida, sistemas de valores, identidades, sentidos de pertenencia, proyectos de futuro. Con un mapa comunicacional que consolide o ayude a cerrar las fracturas sociales generadas por la brecha digital, se hable de acceso a la información, a la cultura o a la ciudadanía.
Sí, esto abarca a TN y al pánico que el Grupo Clarín transmite en su tropa. Pero también a Tinelli y la telebasura; a nuestro cine, nuestra música, nuestras industrias culturales; a nuestros modos de representarnos y discutir qué es lo primero que tenemos que discutir como sociedad; al triple play y los pueblos originarios; al satélite y el portuñol que se habla al este de Misiones; a lo que mira el reventado que se da con paco y el reventado que se da con información económica reservada; a las radios comunitarias o a la articulación entre las universidades y la gente. El buen derecho de un periodista de ganarse el sueldo puteando a un gobierno (¿a la empresa privada no?) es un pedacito, un poco ínfimo, del debate.
Hay otro modo de decirlo y es contrariando levemente al coqueto Caparrós de contratapa. El coqueto Caparrós, en estos días ha fingido elegante sorpresa por la centralidad de este debate (“como si el problema decisivo de la Argentina actual fuera quién maneja las radios y las televisiones”). Ha fingido hasta donde ha podido: pues dificultosamente, y tierno, terminó enseñando un cierto ¿entusiasmo? por el asunto, cosa que Caparrós difícilmente se permite y mucho menos delante de todo el mundo. Como que amenaza sugerir que hay, que debería haber, discusiones más trascendentes que ésta. Y claro que las hay. Pero con un problema: todas y cada una de las discusiones que tenemos las tenemos por los medios, en el paisaje, los lenguajes, los formatos de los medios que hoy tenemos, que, a veces, son un poco espantosos. Incluyendo a los que –ahora dicen– pueden desaparecer.
Por Eduardo Blaustein
A esa vuelta del círculo hemos llegado en el debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y mientras rueda la bola en el Senado, tengo ganas de retomar la discusión en el punto en que la dejó Reynaldo Sietecase en este diario cuando les pidió a ciertos políticos –lo pongo en mis palabras– que no finjan que cuidan nuestras libertades, las de los periodistas. Permitan que sume a los empresarios de medios.
Para empezar: esto no se trata del pequeño dramete de trece periodistas del cable y su elenco fijo de 37 políticos entrenados como perros para salivar en pantalla. Esto no es un tema de coyuntura para la sección Política. Esto no tiene que ver con el derecho a la información entendido como espectáculo o entretenimiento. El derecho a recibir y producir toda la comunicación y la cultura que necesitemos es un asunto que corresponde no sólo a los periodistas, sino que pertenece minuciosamente a cada uno de nosotros, y no como receptores tontitos esperando maná de la heroica raza de los periodistas, de esa “prensa” (dicen “prensa”, no dicen holdings) que lejos de la sinonimia con la transparencia republicana es baluarte de la opacidad de los poderes económicos, incluyendo las peores transacciones con la política y el Estado.
Para esta discusión, el pobre y muy manoseado concepto de “libertad de prensa” atrasa 200 años, por mucho amor, respeto y cariño que les pongamos a Mariano Moreno y la Revolución Francesa. Para esta discusión, no alcanza con enojarse con Ernesto Tenembaum “que defiende a Clarín” o con Víctor Hugo “que apoya al Gobierno”. Esto, con suerte y viento a favor, debería ir mucho más allá del estrecho presente histórico, del gobierno que nos toque deplorar o apoyar.
Esto tiene que ver con el mapa de las culturas que forjamos en tiempos largos. Casi el 70% de los programas de aire que circulan en toda la Argentina no son más que retransmisiones de lo que mandan los canales porteños. El 83% de esa producción corresponde a lo que emiten apenas dos canales de Buenos Aires: Telefe y Canal 13. Los datos corresponden a un seguimiento que viene haciendo regularmente el Comfer y reproducen viejos trabajos pioneros sobre porteñocentrismo hechos por dos de los mejores estudiosos de la comunicación masiva en la Argentina: Aníbal Ford y Margarita Graziano, ambos formadores de generaciones.
Otros dos de los mejores comunicólogos contemporáneos, Martín Becerra y Guillermo Mastrini, acaban de publicar un libro auspiciado por una institución de periodistas peruanos liberal-progres, Los dueños de la palabra, que dice que hacia 2004 sólo cuatro operadores de las industrias infocomunicacionales argentinas concentraban el 84% de la facturación y el 83% del dominio del mercado.
Va de nuevo: ésta debería ser una discusión estratégica sobre un problema de las sociedades contemporáneas de todo el mundo y de la sociedad global y de nuestro lugar en el mundo, un problema civilizatorio hoy y a futuro.
Esto tiene que ver –lo dice el primero de los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia– con el derecho humano de buscar, investigar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas. Pero también tiene que ver con los impactos tecnológicos. Con el desarrollo económico. Con la integración territorial, social y cultural. Con un sentido extenso de cultura que incluye modos de vida, sistemas de valores, identidades, sentidos de pertenencia, proyectos de futuro. Con un mapa comunicacional que consolide o ayude a cerrar las fracturas sociales generadas por la brecha digital, se hable de acceso a la información, a la cultura o a la ciudadanía.
Sí, esto abarca a TN y al pánico que el Grupo Clarín transmite en su tropa. Pero también a Tinelli y la telebasura; a nuestro cine, nuestra música, nuestras industrias culturales; a nuestros modos de representarnos y discutir qué es lo primero que tenemos que discutir como sociedad; al triple play y los pueblos originarios; al satélite y el portuñol que se habla al este de Misiones; a lo que mira el reventado que se da con paco y el reventado que se da con información económica reservada; a las radios comunitarias o a la articulación entre las universidades y la gente. El buen derecho de un periodista de ganarse el sueldo puteando a un gobierno (¿a la empresa privada no?) es un pedacito, un poco ínfimo, del debate.
Hay otro modo de decirlo y es contrariando levemente al coqueto Caparrós de contratapa. El coqueto Caparrós, en estos días ha fingido elegante sorpresa por la centralidad de este debate (“como si el problema decisivo de la Argentina actual fuera quién maneja las radios y las televisiones”). Ha fingido hasta donde ha podido: pues dificultosamente, y tierno, terminó enseñando un cierto ¿entusiasmo? por el asunto, cosa que Caparrós difícilmente se permite y mucho menos delante de todo el mundo. Como que amenaza sugerir que hay, que debería haber, discusiones más trascendentes que ésta. Y claro que las hay. Pero con un problema: todas y cada una de las discusiones que tenemos las tenemos por los medios, en el paisaje, los lenguajes, los formatos de los medios que hoy tenemos, que, a veces, son un poco espantosos. Incluyendo a los que –ahora dicen– pueden desaparecer.
Por Eduardo Blaustein
lunes, 21 de septiembre de 2009
Una ley por todos y para todos los argentinos
Estamos prontos a tener la primera ley de Medios Audiovisuales desde la vuelta a la democracia. Una norma aún perfectible, que es muchísimo mejor que la actual ley de la dictadura, que inicia un proceso regulador tendiente a desmonopolizar y garantizar la pluralidad de voces, y que de ninguna manera puede ser considerada una “ley K”. Por el contrario, expresa los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y muchos otros aportes, y es el triunfo del arco social y progresista que logró modificar sustancialmente el proyecto original del PEN. El saludo de 30 universidades públicas del país lo demuestra. Lamentablemente, la reacción de los grupos mediáticos provocó confusión: los 25 legisladores denominados de “centroizquierda” fueron achacados de filo-K, cuasi-K, neo-K o directamente K. La campaña desinformante fue tal que los argentinos no hemos podido festejar el postergado anhelo de una ley que cumple con nuestros sueños democráticos.
Debemos recordar que tal desinformación es comparable a la que sufrimos en los 90. Quienes hoy cacarean, jamás intentaron debatir una ley de medios aún siendo gobierno, y esto no excusa al oportunismo oficialista. Fue la complicidad de esa dirigencia política y el discurso único neoliberal de los grandes medios lo que permitió las privatizaciones y el saqueo del patrimonio público del menemato. Quienes nos opusimos sufrimos el duro silenciamiento. Fue así que a ningún medio periodístico le pareció relevante dar publicidad el mayor de los debates culturales de entonces: en el marco de la ronda del libre comercio del GATT, los países europeos evitaron que EE.UU. pudiera ubicar a la cultura al nivel de industria. Se pueden importar técnicos para fabricar automóviles, pero no se pueden traer poetas o artistas para expresar el alma de un pueblo, su identidad cultural. Sobre estos temas, siendo diputado nacional, promoví encuentros con la participación de legisladores latinoamericanos y europeos, pero fueron ignorados en los medios de la época.
Estas formas de censura no llamaron la atención de la oposición conservadora que habla de “Ley K” para deslegitimarla, aún cuando el oficialismo contribuye a ello con los manejos autoritarios del debate y los negocios que abortamos. El ciudadano debe saber que esta ley que algunos llaman “fascista” es menos protectora que las leyes europeas o norteamericanas que se toman de espejo: estas normas obligan a cuotas de producción local y tienen una regulación más alta que la nuestra. Sus leyes antimonopólicas jamás permitirían –como en la Argentina– que sólo cuatro operadores tengan 84% de la facturación y 83% del mercado. Por ello la votamos en general y contribuimos con grandes cambios, como la exclusión de las telefónicas. Se hubieran podido realizar varios más, si los radicales, el macrismo y el pejota disidente se hubiesen quedado en el recinto. A no engañarse: vamos a tener en democracia la primera ley de medios –aún mejorable– hecha por todos y para todos los argentinos.
* Pino Solanas -Diputado electo - Proyecto Sur.
Debemos recordar que tal desinformación es comparable a la que sufrimos en los 90. Quienes hoy cacarean, jamás intentaron debatir una ley de medios aún siendo gobierno, y esto no excusa al oportunismo oficialista. Fue la complicidad de esa dirigencia política y el discurso único neoliberal de los grandes medios lo que permitió las privatizaciones y el saqueo del patrimonio público del menemato. Quienes nos opusimos sufrimos el duro silenciamiento. Fue así que a ningún medio periodístico le pareció relevante dar publicidad el mayor de los debates culturales de entonces: en el marco de la ronda del libre comercio del GATT, los países europeos evitaron que EE.UU. pudiera ubicar a la cultura al nivel de industria. Se pueden importar técnicos para fabricar automóviles, pero no se pueden traer poetas o artistas para expresar el alma de un pueblo, su identidad cultural. Sobre estos temas, siendo diputado nacional, promoví encuentros con la participación de legisladores latinoamericanos y europeos, pero fueron ignorados en los medios de la época.
Estas formas de censura no llamaron la atención de la oposición conservadora que habla de “Ley K” para deslegitimarla, aún cuando el oficialismo contribuye a ello con los manejos autoritarios del debate y los negocios que abortamos. El ciudadano debe saber que esta ley que algunos llaman “fascista” es menos protectora que las leyes europeas o norteamericanas que se toman de espejo: estas normas obligan a cuotas de producción local y tienen una regulación más alta que la nuestra. Sus leyes antimonopólicas jamás permitirían –como en la Argentina– que sólo cuatro operadores tengan 84% de la facturación y 83% del mercado. Por ello la votamos en general y contribuimos con grandes cambios, como la exclusión de las telefónicas. Se hubieran podido realizar varios más, si los radicales, el macrismo y el pejota disidente se hubiesen quedado en el recinto. A no engañarse: vamos a tener en democracia la primera ley de medios –aún mejorable– hecha por todos y para todos los argentinos.
* Pino Solanas -Diputado electo - Proyecto Sur.
jueves, 17 de septiembre de 2009
Rehecha la ley
Ayer, tras tanta tinta, tanta cháchara chocha, tanto tonto tanteando al tuntún, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación –Argentina– terminó votando a favor de la ley más debatida de los últimos tiempos porque el gobierno había cambiado algunos de sus artículos. ¿Puedo decir que ese proceso de negociación que Morales Solá en La Nación definió como “un gesto desesperado”, Susana Viau en Crítica de la Argentina como “un mamarracho mezquino”, Clarín en Clarín como “una marcha atrás” y Macri como “fachista” en todos lados, me pareció un gran momento democrático? O, por decirlo de un modo menos precioso y más preciso, un ejemplo infrecuente de funcionamiento de los mecanismos de la democracia de delegación.
Digo: un gobierno pretende sancionar una ley para regular una cuestión que visiblemente le importa mucho, y la presenta a la consideración de los legisladores; los oficialistas, faltaba más, dicen que la votan, pero una cantidad de diputados de otros partidos dice que así no porque tal, porque cual. Entonces el gobierno, que por supuesto quiere que aprueben su ley, la cambia para conseguir el apoyo y el consenso –el famoso consenso– necesarios y, al fin, gracias a esos cambios, logra la media sanción más complicada.
Si esto no es lo que pensaban los que inventaron el sistema parlamentario, que vengan y me expliquen cómo era. Todos los demócratas que le reprochaban flamígeros al gobierno su tozudez, su obcecación, su caprichonería, su autismo y, por supuesto, su autoritarismo ahora lo acusan de haber modificado su proyecto para ganar los votos que necesitaba. Lo acusan de haber cooptado a ciertos opositores: cuando socialistas, solanistas y otros explicaron por qué se oponían, el gobierno medio satifizo sus demandas y les permitió –los obligó– a votar a favor. Fue una maniobra –perfectamente democrática– bien hecha y ahora estos opositores tienen que explicarles a muchos de sus votantes, que los votaban por opositores, por qué votaron a favor de una ley del gobierno –en un asunto que sale del blanco o negro fácil y pasa al gris, siempre más complicado de traducir en un minuto de televisión o tres de radio.
Los demócrata-reprochistas acusan al gobierno, además, de haber apurado el trámite –después de haberlo acusado antes, durante meses, de darle largas–, e incluso se retiraron de la sesión alegando que empezó media hora tarde. Mientras tanto, los grandes medios, abroquelados como nunca, insisten en su defensa acérrima de la libertad oíd mortales. Ya escribí hace quince días aquí mismo lo que pienso cuando veo a Clarín, La Nación y otros buenos muchachos enarbolando la “libertad de prensa”; también lo escribió aquí mismo ayer, mucho mejor, Reynaldo Sietecase.
Insisto: me sorprende que hoy nadie salga a hablar de democracia. La democracia no es mi fetiche favorito pero ustedes, estimados, que se llenan la boca con democracia, se hacen gárgaras de democracia a la mañana, buches de democ rac i a después de las comidas, lavativas de democracia tras las deposiciones, deberían festejar alborozados. Señores Pro, señoras Acuerdo, señoritas coberas, señores y señoras etcétera y etcétera, ¿no deberían proclamar su felicidad porque el congreso por fin ha servido para algo, los mecanismos democráticos para algo, para algo los debates de un proyecto?
Por supuesto que nada de eso hace olvidar que la ley de Medios está llena de aspectos poco claros, ni que las razones del kirchnerismo para impulsarla ahora –tras seis años de gobierno en alianza con sus neoenemigos– se mantienen oscuras, ni que sigue siendo muy sospechoso de querer usarla –como ha usado la mayoría de sus medidas– para su beneficio político y personal. Ni, sobre todo, el hecho de que nos hemos pasado semanas envueltos en un manto de neblina –a.k.a. Nube de Pedos– en que pareciera que nada nos importa tanto como la propiedad de las radios y las televisiones. Semanas en que los medios no hablaban de otra cosa –salvo cuando perdían Boca y Argentina o ganaba Del Potro. Semanas en que se consagró, sin más rivales, la sociedad virtual, donde lo que importa son los medios, el país son los medios, nuestras vidas son medios o medias, todos somos Mirta Marcelo y Susana planos y borrosos. Si todos –gobierno, diputados, medios, ciudadanos– dedicáramos el mismo interés, la misma energía, el mismo hambre a discutir cómo solucionar ciertas cosas mucho más urgentes, quizá terminaríamos por notar que los medios son sólo una pequeña parte de ese todo. O que hay muchas personas a las que los medios les importan –dicho sea con el debido respeto– no más de dos carajos y dos tercios, porque es difícil mirar la tele con la panza vacía y la certeza de que no sabés cómo hacer para llenarla.
Hay azares. Ayer salió, más o menos chiquita en los diarios, hundida bajo la marejada de invectivas, una de esas cifras que, cada tanto, alguna organización internacional descubre y lanza: que el planeta llegará, este año, a un record mundial de mil millones de hambrientos. La efectividad mediática de esas cifras descansa, por supuesto, en nuestra nabidad: ¿por qué mil millones de personas con hambre en el mundo sería peor que 997,3 millones de personas con hambre en el mundo? Pero el golpe –leve, breve– funciona leve y brevemente y sirve para que usted señor, usted señora, piensen durante ocho segundos tres quintos en el hecho de que hay personas –mil millones, decimos– que no comen lo que deberían. Y también para que la maquinaria mediática pare de hablar de sí misma durante 4000 caracteres –la mitad de esta nota demasiado larga– y para que el gobierno y los diputados y la sociedad no le hagan ningún caso a la parte que nos corresponde.
Digo, señores K, ya que están lanzados, enhiestos, dispuestos a la lid: ¿por qué no tratan de convencernos de que no son lo que lamentablemente muchos creemos que son y dedican estos pocos meses de mayoría parlamentaria que les quedan a una ofensiva contra el hambre y la pobreza en la Argentina? Se me ocurre una idea y se las regalo, porque no hay nada más barato que una idea: quizá recuerden que, en un país donde se pagan cada vez más impuestos –donde los empleados pagamos impuestos, los productores agropecuarios pagan impuestos, los comerciantes pagan impuestos, los industriales pagan impuestos, cualquier comprador de un litro de leche paga muchos impuestos– los únicos que no pagan impuestos son los zánganos rentistas de la Bolsa y otros especuladores financieros. ¿No les suena? ¿No les parece suavemente intolerable? ¿No se imaginan que podrían matar dos pájaros de un tiro: proponer una ley que grave las transacciones financieras y –para no repetir el error de la 125– destine, explícita y obligatoriamente, esa recaudación a combatir el hambre? Y que, para que no tengamos que creer que se la van a guardar o la van a repartir con sus amigos o la van a usar para comprar votos, la ley defina desde el principio qué organizaciones no gubernamentales van a recibir todo el producido de ese impuesto justísimo para que, sin gastos burocráticos, sin especulaciones clientelistas, la usen para dar comida a los millones de argentinos que forman parte de esos mil millones. O, mejor: para organizar actividades productivas –cooperativas, autogestiones varias– que hagan que esos millones de argentinos no sigan dependiendo del Estado y de la caridad para comer de vez en cuando. Y después, si quieren, podemos seguir hablando –en serio– de redistribución o, incluso, de mejorar la sociedad argentina.
Por Martin Caparros
Digo: un gobierno pretende sancionar una ley para regular una cuestión que visiblemente le importa mucho, y la presenta a la consideración de los legisladores; los oficialistas, faltaba más, dicen que la votan, pero una cantidad de diputados de otros partidos dice que así no porque tal, porque cual. Entonces el gobierno, que por supuesto quiere que aprueben su ley, la cambia para conseguir el apoyo y el consenso –el famoso consenso– necesarios y, al fin, gracias a esos cambios, logra la media sanción más complicada.
Si esto no es lo que pensaban los que inventaron el sistema parlamentario, que vengan y me expliquen cómo era. Todos los demócratas que le reprochaban flamígeros al gobierno su tozudez, su obcecación, su caprichonería, su autismo y, por supuesto, su autoritarismo ahora lo acusan de haber modificado su proyecto para ganar los votos que necesitaba. Lo acusan de haber cooptado a ciertos opositores: cuando socialistas, solanistas y otros explicaron por qué se oponían, el gobierno medio satifizo sus demandas y les permitió –los obligó– a votar a favor. Fue una maniobra –perfectamente democrática– bien hecha y ahora estos opositores tienen que explicarles a muchos de sus votantes, que los votaban por opositores, por qué votaron a favor de una ley del gobierno –en un asunto que sale del blanco o negro fácil y pasa al gris, siempre más complicado de traducir en un minuto de televisión o tres de radio.
Los demócrata-reprochistas acusan al gobierno, además, de haber apurado el trámite –después de haberlo acusado antes, durante meses, de darle largas–, e incluso se retiraron de la sesión alegando que empezó media hora tarde. Mientras tanto, los grandes medios, abroquelados como nunca, insisten en su defensa acérrima de la libertad oíd mortales. Ya escribí hace quince días aquí mismo lo que pienso cuando veo a Clarín, La Nación y otros buenos muchachos enarbolando la “libertad de prensa”; también lo escribió aquí mismo ayer, mucho mejor, Reynaldo Sietecase.
Insisto: me sorprende que hoy nadie salga a hablar de democracia. La democracia no es mi fetiche favorito pero ustedes, estimados, que se llenan la boca con democracia, se hacen gárgaras de democracia a la mañana, buches de democ rac i a después de las comidas, lavativas de democracia tras las deposiciones, deberían festejar alborozados. Señores Pro, señoras Acuerdo, señoritas coberas, señores y señoras etcétera y etcétera, ¿no deberían proclamar su felicidad porque el congreso por fin ha servido para algo, los mecanismos democráticos para algo, para algo los debates de un proyecto?
Por supuesto que nada de eso hace olvidar que la ley de Medios está llena de aspectos poco claros, ni que las razones del kirchnerismo para impulsarla ahora –tras seis años de gobierno en alianza con sus neoenemigos– se mantienen oscuras, ni que sigue siendo muy sospechoso de querer usarla –como ha usado la mayoría de sus medidas– para su beneficio político y personal. Ni, sobre todo, el hecho de que nos hemos pasado semanas envueltos en un manto de neblina –a.k.a. Nube de Pedos– en que pareciera que nada nos importa tanto como la propiedad de las radios y las televisiones. Semanas en que los medios no hablaban de otra cosa –salvo cuando perdían Boca y Argentina o ganaba Del Potro. Semanas en que se consagró, sin más rivales, la sociedad virtual, donde lo que importa son los medios, el país son los medios, nuestras vidas son medios o medias, todos somos Mirta Marcelo y Susana planos y borrosos. Si todos –gobierno, diputados, medios, ciudadanos– dedicáramos el mismo interés, la misma energía, el mismo hambre a discutir cómo solucionar ciertas cosas mucho más urgentes, quizá terminaríamos por notar que los medios son sólo una pequeña parte de ese todo. O que hay muchas personas a las que los medios les importan –dicho sea con el debido respeto– no más de dos carajos y dos tercios, porque es difícil mirar la tele con la panza vacía y la certeza de que no sabés cómo hacer para llenarla.
Hay azares. Ayer salió, más o menos chiquita en los diarios, hundida bajo la marejada de invectivas, una de esas cifras que, cada tanto, alguna organización internacional descubre y lanza: que el planeta llegará, este año, a un record mundial de mil millones de hambrientos. La efectividad mediática de esas cifras descansa, por supuesto, en nuestra nabidad: ¿por qué mil millones de personas con hambre en el mundo sería peor que 997,3 millones de personas con hambre en el mundo? Pero el golpe –leve, breve– funciona leve y brevemente y sirve para que usted señor, usted señora, piensen durante ocho segundos tres quintos en el hecho de que hay personas –mil millones, decimos– que no comen lo que deberían. Y también para que la maquinaria mediática pare de hablar de sí misma durante 4000 caracteres –la mitad de esta nota demasiado larga– y para que el gobierno y los diputados y la sociedad no le hagan ningún caso a la parte que nos corresponde.
Digo, señores K, ya que están lanzados, enhiestos, dispuestos a la lid: ¿por qué no tratan de convencernos de que no son lo que lamentablemente muchos creemos que son y dedican estos pocos meses de mayoría parlamentaria que les quedan a una ofensiva contra el hambre y la pobreza en la Argentina? Se me ocurre una idea y se las regalo, porque no hay nada más barato que una idea: quizá recuerden que, en un país donde se pagan cada vez más impuestos –donde los empleados pagamos impuestos, los productores agropecuarios pagan impuestos, los comerciantes pagan impuestos, los industriales pagan impuestos, cualquier comprador de un litro de leche paga muchos impuestos– los únicos que no pagan impuestos son los zánganos rentistas de la Bolsa y otros especuladores financieros. ¿No les suena? ¿No les parece suavemente intolerable? ¿No se imaginan que podrían matar dos pájaros de un tiro: proponer una ley que grave las transacciones financieras y –para no repetir el error de la 125– destine, explícita y obligatoriamente, esa recaudación a combatir el hambre? Y que, para que no tengamos que creer que se la van a guardar o la van a repartir con sus amigos o la van a usar para comprar votos, la ley defina desde el principio qué organizaciones no gubernamentales van a recibir todo el producido de ese impuesto justísimo para que, sin gastos burocráticos, sin especulaciones clientelistas, la usen para dar comida a los millones de argentinos que forman parte de esos mil millones. O, mejor: para organizar actividades productivas –cooperativas, autogestiones varias– que hagan que esos millones de argentinos no sigan dependiendo del Estado y de la caridad para comer de vez en cuando. Y después, si quieren, podemos seguir hablando –en serio– de redistribución o, incluso, de mejorar la sociedad argentina.
Por Martin Caparros
miércoles, 9 de septiembre de 2009
23 razones porque si una nueva ley de medios aunque la impulse el kirchnerismo
1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
Por Roberto Caballero, director de revista Veintitrés
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
Por Roberto Caballero, director de revista Veintitrés
Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Hace más de 25 años que la democracia se debía el debate de una nueva ley de radiodifusión. Finalmente, esos borradores que comenzaron a pensarse desde mediados de la década del ’80 en facultades de Comunicación, en barrios, en medios de baja potencia, en asociaciones sin fines de lucro y en muchos rincones de todo el país, llegaron al Congreso. Justamente el mismo día en que se cumplen 89 años de la primera transmisión radial, realizada en la terraza del Teatro Coliseo.
Bautizada como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la norma contempla los “21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia”, aportados por distintas organizaciones sociales, a los cuales se sumó el aporte de más de 20 foros desarrollados en todo el país. Ese debate anticipado y horizontal, sin embargo, fue cuestionado por distintos diputados de la oposición, quienes advirtieron que con eso se pretendía “condicionar el debate en el Congreso”. Frank La Rue, Relator de Libertad de Expresión de la ONU, buscó saldar esa polémica con una definición contundente: “A muchos legisladores, a veces se les olvida que no son la autoridad de un pueblo, sino representantes, que no es lo mismo. Es muy importante que se haya sometido a una consulta”.
En la última semana, la adquisición de los derechos de televisación de los partidos de fútbol por parte del Estado dejó en evidencia la concentración mediática, reabrió el debate sobre el papel de los medios en la comunicación, y puso en cuestión la diferencia entre libertad de empresa y libertad de prensa.
La primera muestra de lo que podría ocurrir con la democratización de los medios se vio el pasado fin de semana: eterno postergado de los ratings, Canal 7 parecía condenado a transcurrir como sinónimo de frialdad televisiva y exégeta del gobierno de turno. Sin embargo, la estatización de las transmisiones calentó su pantalla y lo ubicó en el podio del rating, relegando a dos canales comerciales. A partir de la confirmación de la ley, esa experiencia podría multiplicarse: uno de sus puntos principales reserva el 33 por ciento del espectro a entidades sin fines de lucro, que, como Canal 7, podrán competir de igual a igual con el resto de la oferta televisiva.
Quienes le sacaron punta al proyecto oficial aseguran que, tras su promulgación, ya nada será igual. La televisión, el único electrodoméstico que influye en la vida cultural y social de los ciudadanos, está por modificarse. ¿Cómo impactarán esos cambios en la vida cotidiana de los argentinos? Lo que sigue son algunas de las claves del proyecto más trascendente de las últimas décadas.
- Autoridad de aplicación. El Comité Federal de Radiodifusión dejará de existir. Será reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que tendrá un directorio con cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, y dos a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Este organismo regulará los medios electrónicos en la Argentina. El control del Congreso se prevé como una forma de evaluar el funcionamiento de la autoridad de aplicación, de los medios públicos y el desempeño del Defensor Público. Por eso se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual. También nace el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, con representantes de las provincias, de las cámaras de prestadores privados, de universidades, de medios públicos y hasta de trabajadores, entre otros. Su tarea será proponer los jurados de los concursos, colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión.
- Contenidos y publicidad. Se exigirá el 70% de producción nacional en las radios y el 60% en la televisión. Se propone una cuota de pantalla de cine nacional. Además, se establecerá un consejo asesor sobre temas audiovisuales e infancia para fomentar la producción de contenidos educativos e infantiles. El proyecto inicial ya dejaba en claro que los partidos de fútbol relevantes se podrán ver por TV abierta. La publicidad en los canales de aire no podrá ser mayor a los 12 minutos por hora. Si bien el proyecto oficial otorgaba la misma cantidad de minutos al cable, se evaluaba mermar la cantidad de minutos de avisos en los servicios pagos.
- Sin fines de lucro y comunitarios. Las entidades sin fines de lucro también podrán ser licenciatarias y se les reservará, con carácter inderogable, el 33% del espectro. Podrán sumarse asociaciones, fundaciones, mutuales, entre otras. También se establece un régimen abierto de participación para las cooperativas. Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas. Con estas medidas, se amplía la oferta de señales públicas y gratuitas, con contenidos que no persigan objetivos comerciales.
- Medios públicos. El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. También se permitirá que las universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. La ampliación de la oferta repartirá la audiencia en un sentido plural.
- Plazo de licencias. Las licencias tendrán una duración de 10 años y se podrán prorrogar por 10 años más, previa realización de audiencias públicas. Este mecanismo se crea para determinar prórrogas de licencias y decisiones sobre el uso que se dará a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el destino del dividendo digital. Si bien no está comprendido en la ley, el Gobierno ya habría decidido adoptar la norma de televisión digital japonesa, integrándose con Brasil.
- Titularidad de licencias. Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto. También se exigirá a los medios que tengan una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.
- Multiplicidad de licencias. Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios. La autoridad de aplicación revisará cada dos años la cláusula de multiplicidad de licencias, no las licencias. Hasta ahora, una sola persona podía ser titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV). En la nueva ley sólo podría llegar a tener 10 licencias. Las licencias de TV paga tendrán un límite de 24, pero la autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias. La multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total de habitantes o abonados.
- Licencias por zona. El tablero de medios ya no será el mismo. A nivel local, se podrá acceder a una AM, dos FM (en tanto existan más de ocho licencias en el área primaria), hasta una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción (siempre que no tenga una licencia de TV abierta), hasta una licencia para canal de aire, siempre que no tenga una licencia televisiva por suscripción. En ningún caso, la suma total de licencias otorgadas en la misma área podrá superar las tres licencias. Será posible tener una licencia de radio y una de servicios audiovisuales.
- Cambios en el cable. Los prestadores de servicios por cable no podrán ser titulares de señales abiertas en la misma área de cobertura. Este es uno de los puntos de la ley que más enoja al Grupo Clarín, que además de tener Canal 13, forma parte de Cablevisión/Multicanal y de varias señales de cable. Los prestadores de cable, en zonas donde sean el único servicio existente para mirar televisión, deberán disponer de una tarifa social.
- Ingreso de empresas de servicios públicos. Se habilita el acceso a licencias de servicios de televisión por suscripción a las empresas de servicios públicos. Cuando exista otro prestador en la misma área, la autoridad de aplicación deberá evaluar la solicitud que contemple el interés de la población. En caso de presentarse oposición, se deberá solicitar un dictamen vinculante a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Si son prestadoras de servicios de telecomunicación, la condición es que se garantice que más del 50% de su mercado esté disponible para que otro prestador pueda participar. Deberán facilitar a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado.
Por Graciela Moreno
Bautizada como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la norma contempla los “21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia”, aportados por distintas organizaciones sociales, a los cuales se sumó el aporte de más de 20 foros desarrollados en todo el país. Ese debate anticipado y horizontal, sin embargo, fue cuestionado por distintos diputados de la oposición, quienes advirtieron que con eso se pretendía “condicionar el debate en el Congreso”. Frank La Rue, Relator de Libertad de Expresión de la ONU, buscó saldar esa polémica con una definición contundente: “A muchos legisladores, a veces se les olvida que no son la autoridad de un pueblo, sino representantes, que no es lo mismo. Es muy importante que se haya sometido a una consulta”.
En la última semana, la adquisición de los derechos de televisación de los partidos de fútbol por parte del Estado dejó en evidencia la concentración mediática, reabrió el debate sobre el papel de los medios en la comunicación, y puso en cuestión la diferencia entre libertad de empresa y libertad de prensa.
La primera muestra de lo que podría ocurrir con la democratización de los medios se vio el pasado fin de semana: eterno postergado de los ratings, Canal 7 parecía condenado a transcurrir como sinónimo de frialdad televisiva y exégeta del gobierno de turno. Sin embargo, la estatización de las transmisiones calentó su pantalla y lo ubicó en el podio del rating, relegando a dos canales comerciales. A partir de la confirmación de la ley, esa experiencia podría multiplicarse: uno de sus puntos principales reserva el 33 por ciento del espectro a entidades sin fines de lucro, que, como Canal 7, podrán competir de igual a igual con el resto de la oferta televisiva.
Quienes le sacaron punta al proyecto oficial aseguran que, tras su promulgación, ya nada será igual. La televisión, el único electrodoméstico que influye en la vida cultural y social de los ciudadanos, está por modificarse. ¿Cómo impactarán esos cambios en la vida cotidiana de los argentinos? Lo que sigue son algunas de las claves del proyecto más trascendente de las últimas décadas.
- Autoridad de aplicación. El Comité Federal de Radiodifusión dejará de existir. Será reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que tendrá un directorio con cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, y dos a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Este organismo regulará los medios electrónicos en la Argentina. El control del Congreso se prevé como una forma de evaluar el funcionamiento de la autoridad de aplicación, de los medios públicos y el desempeño del Defensor Público. Por eso se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual. También nace el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, con representantes de las provincias, de las cámaras de prestadores privados, de universidades, de medios públicos y hasta de trabajadores, entre otros. Su tarea será proponer los jurados de los concursos, colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión.
- Contenidos y publicidad. Se exigirá el 70% de producción nacional en las radios y el 60% en la televisión. Se propone una cuota de pantalla de cine nacional. Además, se establecerá un consejo asesor sobre temas audiovisuales e infancia para fomentar la producción de contenidos educativos e infantiles. El proyecto inicial ya dejaba en claro que los partidos de fútbol relevantes se podrán ver por TV abierta. La publicidad en los canales de aire no podrá ser mayor a los 12 minutos por hora. Si bien el proyecto oficial otorgaba la misma cantidad de minutos al cable, se evaluaba mermar la cantidad de minutos de avisos en los servicios pagos.
- Sin fines de lucro y comunitarios. Las entidades sin fines de lucro también podrán ser licenciatarias y se les reservará, con carácter inderogable, el 33% del espectro. Podrán sumarse asociaciones, fundaciones, mutuales, entre otras. También se establece un régimen abierto de participación para las cooperativas. Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas. Con estas medidas, se amplía la oferta de señales públicas y gratuitas, con contenidos que no persigan objetivos comerciales.
- Medios públicos. El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. También se permitirá que las universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. La ampliación de la oferta repartirá la audiencia en un sentido plural.
- Plazo de licencias. Las licencias tendrán una duración de 10 años y se podrán prorrogar por 10 años más, previa realización de audiencias públicas. Este mecanismo se crea para determinar prórrogas de licencias y decisiones sobre el uso que se dará a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el destino del dividendo digital. Si bien no está comprendido en la ley, el Gobierno ya habría decidido adoptar la norma de televisión digital japonesa, integrándose con Brasil.
- Titularidad de licencias. Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto. También se exigirá a los medios que tengan una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.
- Multiplicidad de licencias. Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios. La autoridad de aplicación revisará cada dos años la cláusula de multiplicidad de licencias, no las licencias. Hasta ahora, una sola persona podía ser titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV). En la nueva ley sólo podría llegar a tener 10 licencias. Las licencias de TV paga tendrán un límite de 24, pero la autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias. La multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total de habitantes o abonados.
- Licencias por zona. El tablero de medios ya no será el mismo. A nivel local, se podrá acceder a una AM, dos FM (en tanto existan más de ocho licencias en el área primaria), hasta una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción (siempre que no tenga una licencia de TV abierta), hasta una licencia para canal de aire, siempre que no tenga una licencia televisiva por suscripción. En ningún caso, la suma total de licencias otorgadas en la misma área podrá superar las tres licencias. Será posible tener una licencia de radio y una de servicios audiovisuales.
- Cambios en el cable. Los prestadores de servicios por cable no podrán ser titulares de señales abiertas en la misma área de cobertura. Este es uno de los puntos de la ley que más enoja al Grupo Clarín, que además de tener Canal 13, forma parte de Cablevisión/Multicanal y de varias señales de cable. Los prestadores de cable, en zonas donde sean el único servicio existente para mirar televisión, deberán disponer de una tarifa social.
- Ingreso de empresas de servicios públicos. Se habilita el acceso a licencias de servicios de televisión por suscripción a las empresas de servicios públicos. Cuando exista otro prestador en la misma área, la autoridad de aplicación deberá evaluar la solicitud que contemple el interés de la población. En caso de presentarse oposición, se deberá solicitar un dictamen vinculante a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Si son prestadoras de servicios de telecomunicación, la condición es que se garantice que más del 50% de su mercado esté disponible para que otro prestador pueda participar. Deberán facilitar a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado.
Por Graciela Moreno
Geografía de la ausencia
Por años, la mapoteca de la Escuela Nº 3 de Burzaco, Bernardino Rivadavia, fue para mí lo más parecido a la Biblioteca de Alejandría que se pudiera conseguir al sur del Riachuelo. Parados, enrollados, caídos, guardaba mapas para todos los gustos. Y a mí me gustaban los mapas. El olor de los mapas, el ruido de los mapas, el peso de los mapas. La sensación –cuando eran sin varillas y los llevaba a upa– de estar cargando algo muy ligero y muy sagrado. Rollos quietos que envolvían el mundo. La Argentina toda hecha de retazos de colores era la estrella indiscutida, pero también el mapa de población tenía lo suyo. “Menos de un habitante por km2”, leíamos en la Patagonia, y no faltaba quien se animara a preguntar –éramos chicos– si ahí vivía gente partida a la mitad. Imaginábamos, supongo, que el resto del país era más o menos como nuestro pueblo, como esa escuela a la que íbamos todos. Desde Mariana, la hija del bancario, hasta Pablo, el hijo del médico y Ramón, el hijo del basurero. No, no es pasado de diseño, sino quinto A, turno mañana. Todos juntos, en la misma escuela, con la misma señorita Luisa. NOSOTROS. La palabra Patria nos quedaba enorme, pero éramos eso: una idea encarnada. Una idea tan obvia que, como el mapa, no se discutía. Y el Estado, ausente, pero en el mejor de los sentidos: porque no era necesario hablar de él. Estaba ahí, en los guardapolvos. En las clases. En la casa de cada uno, en el oficio de cada padre. Y también en aquellos mapas que ponían a todo el grado a imaginar. “Menos de un habitante por km2”, decía el mapa, y la señorita Luisa explicaba la idea con algo que sí conocíamos: los pueblos fantasmas de las series de cowboys. Cuando por la pantalla pasaba rodando una especie de raíz gigante en forma de pelota, todos entendíamos que el protagonista había llegado a uno de esos lugares vacíos de todo. La Patagonia sería algo como eso. Hoy la señorita tendría a mano ejemplos más próximos. Aquí no habrá raíces giratorias que den la alarma, pero los pueblos se mueren lo mismo. Se secan lo mismo. Sólo en la región pampeana son 275 los que están en riesgo de extinción. Esto es, con menos de 2.000 habitantes (que a veces son 25, como en La Pala, u 80, como en Energía) y pérdida de población de censo en censo. Alguien me mostró un día el mapa del desastre: una Argentina puntillada en rojo, vista desde la única perspectiva que no figuraba en la mapoteca de mi infancia: la de los pueblitos en agonía. Los mapas tienen eso. Es verlos, y saber. O, por lo menos, ya no poder seguir haciéndose el zonzo. No en vano la Argentina que desaparece es no sólo ese mapa sangriento, sino también el
nombre de la tesis doctoral de Marcela Benítez, investigadora del Conicet y –desde 1999– impulsora de la fundación Recuperación Social de Poblados Nacionales que Desaparecen (RESPONDE). En 1991, el censo permitía pensar en casi medio millar de poblados en vías de desaparición. Hoy son más de 600 los que están igual: sin fuentes de trabajo, sin chicos y, a veces, hasta sin vías de comunicación. Ramal que para, pueblo que cierra. El tema es que cerraron con la gente adentro. Pero si nadie se estremece con eso es porque, antes que los lugares, perdimos la idea que les daba sentido. El “nosotros” extendido a cualquier punto del mapa. “El mal que aqueja a la Argentina es la extensión”, anota Sarmiento en su Facundo y Arturo Jauretche ve en esa frase una de las zonceras fundacionales. “Sólo nosotros, los argentinos, hemos incorporado la idea del achicamiento como un bien necesario (…) De esta zoncera en adelante, se le enseña al argentino a concebir la grandeza sólo como expresión económica, cultural e institucional. Pero se le sustraen las bases objetivas, el punto de apoyo necesario que es la tierra y el pueblo argentino”.
Pero la gente se niega a ser cerrada, derogada, pasada a retiro. Hace ya siete años, de hecho, los vecinos de Irazusta, Entre Ríos, se- embarcaron en una lucha con mucho de quimera: resucitar el pueblo por vía del turismo rural. Abrieron sus casas, recibieron viajeros. Los pasearon en sulky, los llevaron a conocer las huertas. La siguen peleando. Pero, así y todo, vuelve la misma sensación de desamparo. De “arréglense solos”, tal vez porque –habiéndose ido todo: el trabajo, el hospital, el tren- ya lo único que queda es el sálvese quien pueda. Hoy la pelea se define así: a solas, y por puntos. Por dejar de ser un punto lacre en el mapa de la Argentina que se esfuma. “Buenos Aires debe replegarse sobre sí misma”, aconsejaba Bernardino Rivadavia, el prócer que dio nombre a mi escuela en Burzaco. Por suerte, de chica, en el tiempo de los mapas prodigio, no lo sabía. Menos aún que, con los años, su idea haría escuela y llegaríamos a esto que hoy somos.
Un país encogido, chiquito, donde ya ni los mapas dicen la verdad.
Por Fernanda Sández
nombre de la tesis doctoral de Marcela Benítez, investigadora del Conicet y –desde 1999– impulsora de la fundación Recuperación Social de Poblados Nacionales que Desaparecen (RESPONDE). En 1991, el censo permitía pensar en casi medio millar de poblados en vías de desaparición. Hoy son más de 600 los que están igual: sin fuentes de trabajo, sin chicos y, a veces, hasta sin vías de comunicación. Ramal que para, pueblo que cierra. El tema es que cerraron con la gente adentro. Pero si nadie se estremece con eso es porque, antes que los lugares, perdimos la idea que les daba sentido. El “nosotros” extendido a cualquier punto del mapa. “El mal que aqueja a la Argentina es la extensión”, anota Sarmiento en su Facundo y Arturo Jauretche ve en esa frase una de las zonceras fundacionales. “Sólo nosotros, los argentinos, hemos incorporado la idea del achicamiento como un bien necesario (…) De esta zoncera en adelante, se le enseña al argentino a concebir la grandeza sólo como expresión económica, cultural e institucional. Pero se le sustraen las bases objetivas, el punto de apoyo necesario que es la tierra y el pueblo argentino”.
Pero la gente se niega a ser cerrada, derogada, pasada a retiro. Hace ya siete años, de hecho, los vecinos de Irazusta, Entre Ríos, se- embarcaron en una lucha con mucho de quimera: resucitar el pueblo por vía del turismo rural. Abrieron sus casas, recibieron viajeros. Los pasearon en sulky, los llevaron a conocer las huertas. La siguen peleando. Pero, así y todo, vuelve la misma sensación de desamparo. De “arréglense solos”, tal vez porque –habiéndose ido todo: el trabajo, el hospital, el tren- ya lo único que queda es el sálvese quien pueda. Hoy la pelea se define así: a solas, y por puntos. Por dejar de ser un punto lacre en el mapa de la Argentina que se esfuma. “Buenos Aires debe replegarse sobre sí misma”, aconsejaba Bernardino Rivadavia, el prócer que dio nombre a mi escuela en Burzaco. Por suerte, de chica, en el tiempo de los mapas prodigio, no lo sabía. Menos aún que, con los años, su idea haría escuela y llegaríamos a esto que hoy somos.
Un país encogido, chiquito, donde ya ni los mapas dicen la verdad.
Por Fernanda Sández
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Según un estudio de la Univ. de Ohio
El 92,41% de la gente usa solo play, pause, menu y stop en el control remoto del DVD.
www.criticadigital.com/fumado
Teoria del Loro
Alguna vez te pusiste a pensar en qué grosos son los loros? Digo: son bichos que hablan, los únicos animales que reproducen varias palabras, encadenadas entre sí, con sentido y como respuesta a un estímulo. Alguien toca el timbre y gritan “ahí va, ahí va”, por ejemplo. A vos eso no te llama la atención, te parece algo de lo más normal? No sé, porque pareciera que “ah, sí, un pájaro que habla”, pero si llegás a ver a un perro, un gato, un pez o lo que sea hablando te vas a quedar boquiabierto y se lo vas a contar a todo el mundo como un hecho increíble.
No sé… No me parece un tema menor, voy a luchar por eso, es mi nueva causa.
Los loros son muy grosos, lo que pasa es que tienen mal marketing
Carta abierta a los dueños de routers con Wi Fi
Mi nombre es Diego de la Fuente, y quiero contarte algo que estuve meditando, una experiencia por la que atravesé que creo que no sólo te puede servir a vos, sino a mi y a todos los burgueses que tenemos una notebook.He pasado últimamente varias veces por la situación de estar con mi compu en un lugar, tener que conectarme a internet y no poder. No por que falten redes Wi Fi, no no. Tampoco porque mi compu tenga mala recepción, para nada. No me puedo conectar a internet porque de la enorme cantidad de redes que hay, la gran mayoría tiene un puto password.Si vos sos uno de esos que le pone contraseña, yo te entiendo. Hasta hoy yo era igual. Pero fui muy honesto conmigo mismo y reflexioné acerca de mi actitud, sobre qué me llevaba a semejante egoísmo. Dejé de mentirme a mi mismo cuando repetía que “es porque si comparto la señal baja el ancho de banda”. Ancho de banda las pelotas, forro (me dije a mi mismo). Acaso ese muchacho que está ahí sentado y necesita chequear un mail me va a perjudicar? Esa chica que quiere chatear cinco minutos me va a quitar tanto ancho de banda que tendré que dejar de ver pornografía? Pero por favor! Es porque no quiero que el servicio que pago yo lo use otro, esa es la verdad!Por eso a partir de hoy yo cambio la actitud: pongo mi Wi Fi a disposición de quien quiera usarlo, sin contraseñas ni restricciones. Yo hoy lo abro para que vos puedas usarlo, y espero que vos hagas lo mismo por mi y así podamos formar una comunidad Uai Fai Buena Onda.Les pido a todos que liberen su Wi Fi, que no teman, quizás su ancho de banda se volverá un poco más angosto por compartirlo, pero estarán haciendo un bien que el día de mañana les jugará también a favor. Pongamos cada uno un granito de arena y formemos un arenero en el que todos podamos jugar.Dale, pensalo.Copate.*: El router es ese aparato que le enchufás internet y lo hace inalámbrico, viste?
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